Justicia en Colombia

Me he leido el artículo de Jose Carlos Rodriguez, Uribe contra el terrorismo.

Tras la lectura queda la impresión de que el presidente colombiano Álvaro Uribe es la solución a la guerra eterna que asola el país. También se deduce que las organizaciones internacionales en pro de los derechos humanos son una pequeña colección de progres idotas que se creen todo lo que la guerrilla dice. Ni palabra sobre las fuerzas paramilitares, según este artículo no existen. El punto de vista del artículo es tan sesgado y tan alejado de la realidad como pueda ser la visión de los defensores a ultranza de las bondades de la guerrilla.

Recordar el informe de Amnistía Internacional sobre la masiva violencia contra las mujeres, tanto por parte de la guerrilla, como de los múltiples grupos paramilitares y del ejército. Ver "Colombia: violencia extrema contra las mujeres".

En efecto, el texto prevé que los paramilitares desmovilizados se beneficiarán de penas de prisión reducidas de cinco a ocho años, incluso los culpables de violaciones de derechos humanos sumamente graves, tales cómo matanzas, desapariciones forzosas o tortura. Esta disposición, si bien podría ser un incentivo para la desmovilización de los combatientes ilegales, no cumple con el principio de justicia imprescindible para permitir la reconciliación.

Por otra parte, la FIDH afirma que el procedimiento previsto para investigar los casos no permite una investigación exhaustiva y eficaz, resultando incompatible con el establecimiento de la verdad. Así, la etapa de investigación dispone de treinta días para comprobar las confesiones, plazo manifiestamente insuficiente teniendo en cuenta que dichos crímenes se han perpetrados durante años. En este punto, es necesario resaltar la ausencia de incentivos a confesar dichos crímenes, dado que no perderían sus beneficios si se comprobara posteriormente que han mentido durante el proceso.

Además, dicha ley no articula ninguna acción que se dirija a atacar de fondo las estructuras criminales del paramilitarismo, tales cómo el narcotráfico o la existencia de sus redes de coacción a través del ejercicio de prácticas clientelares y violentas.

La FIDH denuncia esta ley contraria a los principios de Justicia, Verdad y Reparación, violando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al no cumplir con la obligación que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Respecto al derecho de saber, la FIDH quiere recordar estas palabras escritas por Louis Joinet: « No se trata solamente del derecho individual que toda víctima, o sus parientes o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. »

...la ley no contribuye a construir la paz. Sus artículos 10 y 11 otorgan los mismos beneficios tratándose de desmovilización colectiva o individual por lo cual no se incita realmente a la desmovilización y por ende a la paz que se pretende conseguir. Rebajas tan importantes por delitos tan graves deberían otorgarse solamente en casos de un compromiso colectivo de desmovilización y contando con la participación y opinión de las víctimas, habiéndose asegurado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

...la ley permite el tratamiento de delincuentes políticos a los jefes paramilitares, solicitados en extradición por varios estados por sus vínculos con carteles de la droga, al dárseles tal reconocimiento se aseguran de no ser extraditados, lo que ha motivado que reconocidos jefes de mafia, hayan utilizado el proceso de negociación para la reinserción del paramilitarismo, como medio para blanquear sus fortunas y asegurar la impunidad de sus crímenes.

Por estas razones la FIDH considera que la ley 975 de 2005 además de no contribuir a la paz de Colombia, no satisface las normas internacionales de derechos humanos y en particular los criterios mínimos de respeto de los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad.